El nombre de Bernardo Alberte aparece en la historia argentina como una figura incómoda, difícil de encasillar en los relatos simplificados que suelen ordenar el pasado. Militar de carrera, coronel del Ejército, Alberte encarnó una trayectoria singular: la de un hombre formado en una institución tradicional que, sin embargo, fue desplazándose hacia posiciones políticas vinculadas al peronismo y, más tarde, a sectores críticos del orden establecido. Su asesinato en la madrugada del 24 de marzo de 1976 —horas después del inicio del golpe de Estado— lo convierte, según múltiples reconstrucciones, en una de las primeras víctimas directas del terrorismo de Estado que se inauguraba.
Alberte no era un militar cualquiera. Había sido ayudante de Juan Domingo Perón durante su exilio y mantenía con él una relación política y personal significativa. Esa cercanía lo ubicaba en una posición ambigua dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente en un contexto en el que el peronismo era percibido por amplios sectores militares como una amenaza o, al menos, como un factor de desorden. Con el tiempo, Alberte fue quedando cada vez más aislado dentro de la estructura castrense, al mismo tiempo que se acercaba a posiciones críticas respecto del rumbo político del país.
El 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas tomaron el poder, el dispositivo represivo comenzó a operar de manera inmediata. En ese marco, un grupo armado irrumpió en el domicilio de Alberte. Según los testimonios y reconstrucciones posteriores, fue arrojado desde un balcón tras ser atacado. El hecho no fue presentado como un asesinato político en ese momento, sino que quedó envuelto en versiones ambiguas o directamente encubierto. Sin embargo, con el paso del tiempo, su muerte fue interpretada como un acto deliberado: un mensaje temprano de la lógica que iba a imponerse durante la dictadura.
Que Alberte haya sido una de las primeras víctimas no es un dato menor ni meramente cronológico. Tiene un valor simbólico fuerte. Su asesinato señala que el golpe no solo se dirigía contra organizaciones armadas o militantes identificados con la izquierda, sino también contra figuras que, aun provenientes del propio aparato estatal, representaban una disidencia o una lealtad política incompatible con el nuevo orden. En ese sentido, su muerte marca el inicio de una política de eliminación que no reconocía límites claros y que se desplegaría sistemáticamente en los años siguientes.
Además, el caso de Alberte permite pensar la complejidad de las trayectorias individuales en contextos de alta polarización. No se trata de una figura fácilmente apropiable por un solo relato: militar y peronista, institucional y disidente, cercano al poder en un momento y marginado en otro. Esa ambivalencia lo vuelve particularmente significativo para analizar el período. Su asesinato no solo elimina a una persona, sino que clausura —de manera violenta— una posibilidad de articulación entre mundos que, a partir del golpe, quedarían definitivamente escindidos.
En la reconstrucción de la memoria histórica, Alberte ocupa un lugar que suele quedar en los márgenes, eclipsado por otras figuras más visibles o por la magnitud de la represión posterior. Sin embargo, volver sobre su caso permite observar el momento inicial del terrorismo de Estado en su forma más desnuda: una acción directa, rápida, orientada a eliminar a un sujeto considerado problemático. En ese gesto inaugural ya están contenidas, en germen, muchas de las características que definirán al régimen: la clandestinidad, la violencia ilegal, la negación pública de los hechos.
Pensar a Bernardo Alberte como “el primer asesinado” del 24 de marzo no implica solo establecer una cronología, sino interrogar el sentido de ese comienzo. Su muerte funciona como un umbral: a partir de allí, la violencia estatal se sistematiza y se vuelve política de gobierno. En ese punto, su figura deja de ser únicamente biográfica para adquirir un valor histórico más amplio, como indicio temprano de una lógica que marcaría de manera profunda a la sociedad argentina.
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